Resulta inútil el esfuerzo gubernamental cuando desmiente que desde esas instancias se intimida, coarta y arremete ostensiblemente contra periodistas y medios nacionales de comunicación.

Las bocinas oficialistas amplifican, que en este gobierno no se han matado ni desaparecido periodistas, como en los años en que Joaquín Balaguer atribuyó esos hechos a los incontrolables.

Sin embargo, debe señalarse que los gobiernos del doctor Leonel Fernández son los que más se han esmerado en controlar de forma efectiva la mayor cantidad de medios de comunicación.

Cuantiosos recursos económicos del Estado se invierten para mantener una vasta red de comunicadores oficialistas a nivel nacional, para desvirtuar los hechos y desinformar a la opinión pública.

Se ejercen presiones abiertas y sutiles contra medios, periodistas, y columnistas críticos de las acciones del gobierno. Se le endosa el calificativo de enemigos del gobierno, como en los tiempos de Trujillo.

Ciertos organismos de seguridad, que andan como chivo sin ley, husmean y roban archivos en las computadoras personales, mediante la acción de hackers, argumentando eufemísticas razones de Estado.

Sobornan, chantajean, persiguen y restringen la acción de periodistas en los actos oficiales. Niegan documentos oficiales cuando son requeridos, violando la Ley de Derecho a la Información.

Cierran espacios críticos; intimidan a los anunciantes y dueños de medios; le retrasan los pagos de la publicidad gubernamental y discriminan a quienes les enrostran sus desaguisadas ejecutorias.

Lo cierto es, que no se puede tapar el sol con un dedo, y que los gobiernos intolerantes a las críticas pueden pasar de esas acciones perversas puestas como ejemplos, a quitar del medio a sus críticos.