Una ola de pánico se ha desatado en la administración pública tras el anuncio de que serán revisados “uno por uno” todos los contratos de servicios existentes, lo que de acuerdo a cifras extraoficiales podría afectar a más de cien mil personas.
Diversas personas han contactado este diario en busca de mayor información sobre el tema.
Se estima que actualmente el Estado tiene unas 600 mil personas ocupadas para la realización de diversos servicios y de esta cantidad se dijo que podrían ser afectadas por la medida unas 100 mil.
De hecho, el uso de “contratos” para la ocupación de personas en la administración pública, tiene diversas causas, una de ellas es la existencia de topes para el nombramiento de personal en algunas dependencias.
Incluso, en algunos ministerios donde, por ejemplo, no puede haber una cantidad superior a tres viceministros, existe la modalidad de contratar personas, en algunos casos con altas calificaciones, que de hecho ejercen funciones propias de viceministros o directores generales, pero que figuran como asesores y otras denominaciones.
Hay otras dependencias en las cuales por razones legales debe haber un tope de empleados, pero una cantidad igual a ese tope trabaja bajo la modalidad de los contratos.
El grueso de las personas que “dan servicios” al Gobierno, sin estar en nóminas registradas como tales, lo constituye los denominados trabajadores temporeros, contratados básicamente para actividades coyunturales no especializadas y de poca remuneración.
Actualmente, todos esos contratos deben ir a la Contraloría General de la República. Pero en la oficina de relaciones públicas de esa entidad se dijo esta mañana que no disponían de una cifra real de la cantidad de contratos existentes.
Mientras que en el Ministerio de Administración Pública se informó que el titular, Ramón Ventura Camejo, participaba en una actividad en Santiago, en la que también estaba su relacionista.
Se ha comentado que la decisión de revisar los contratos con el Gobierno, anunciada por el ministro José Ramón Peralta, forma parte de las medidas a ser adoptadas por el Ejecutivo para despejar el camino a las propuestas que hará a la sociedad de cara a las discusiones del Pacto Fiscal, debido al hecho de que la existencia de un “personal supernumerario” ha sido siempre enrostrado como un factor que disminuye la trasparencia en el manejo de los recursos públicos.
