Con el deseo ferviente de colaborar para que el pueblo dominicano se beneficie de las ventajas que se derivarían de un accionar eficiente y confiable de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), me permito proponer lo siguiente: En primer lugar, debo señalar que la Constitución le consigna en el numeral 1 de su artículo 250 “Examinar las cuentas generales y particulares de la República”. Siendo así, es conveniente definir cómo están agrupadas esas cuentas. Veamos:

Gobierno Central (Ministerios, Direcciones Generales, Institutos, Direcciones y otros); entidades descentralizadas y autónomas; ayuntamientos; Oficinas no Gubernamentales (ONG); partidos políticos; instituciones de la Seguridad Social y otras.

Para lograr eficiencia y confiabilidad en la ejecución de ese mandato constitucional, se hace necesario una distribución racional del trabajo que, a mi modo de ver, deberá consistir en la asignación de responsabilidad individual a cada uno de los miembros del Pleno de la CCRD, en lo que tiene que ver con la ejecución del trabajo del grupo que le toque coordinar y supervisar. Aunque tenemos seis grupos de entidades, y los miembros del Pleno son solo cinco, los montos presupuestarios son diferentes; esto permitiría asignar dos entidades a un miembro del Pleno, a fin de abarcar todos los grupos.

En cuanto a la responsabilidad de la CCRD en torno a las auditorías e investigaciones especiales que realice, es importante destacar que es colectiva. Y, en casos de que, uno o más miembro del Pleno se abstenga de firmar el informe, deberá expresar clara y firmemente las razones que motivan su abstención.
Considero que este método podría permitir la realización de una mayor cantidad de auditorías cada año.