El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, pidieron al presidente de la República, Luis Abinader aclarar al país si traerán rockash desde Puerto Rico a Punta Catalina.

La aclaración es importante ante las informaciones de que el Ministerio de Energía y Minas está planeando traer al país las cenizas de la planta de AES de Guayama, Puerto Rico, bajo el pretexto de ligarlas con las generadas por Punta Catalina para supuestamente producir cemento tipo portland C para la exportación.

Esto sería una verdadera locura, algo completamente insensato, increíble de que pueda llegar a ser verdad. Por eso el presidente de la República debe aclarar de forma clara, tajante y categórica esa información.

El Ministerio de Energía y Minas contrató el mes de noviembre pasado a Stanley Consultants y a Manatt para que asesoren las modificaciones técnicas de las plantas de carbón, con el propósito de hacer posible el uso de las cenizas de esta central por las empresas cementeras.

Fue una contratación realizada sin licitación, premiando a dos empresas extranjeras que fueron cómplices del amañamiento de la licitación del proyecto de Punta Catalina y de los actos cometidos por Odebrecht en esa obra.

Las modificaciones tecnológicas que anunció el ministro Antonio Almonte, el 29 de diciembre pasado, no se pueden hacer sin que antes se realice un estudio de impacto ambiental y vistas públicas de estos cambios, porque modifican los términos de la licencia ambiental de Punta Catalina en un aspecto fundamental como es el control de seguridad del aire.

En 2004, bajo la Presidencia de Hipólito Mejía, se trajeron alrededor de 50 mil toneladas de cenizas de carbón, denominadas como rockash, de la planta de AES de Guayama, Puerto Rico, que fueron depositadas en Arroyo Barril, Samaná, y en Manzanillo, Montecristi.

En ese entonces la importación y el depósito ilegal de rockash fue castigado por la justicia dominicana por ser sustancias tóxicas, recibiendo los funcionarios responsables penas de privación de libertad y fuertes multas.

En 2007, AES fue obligada a entregarle al Estado US$6 millones para recoger y disponer estas cenizas, y en 2016, esta empresa negoció un acuerdo ante la corte de Delaware, EUA, con comunitarios de Arroyo Barril por US$37 millones por severos daños a la salud que sufrieron por estos residuos tóxicos.

Por: Enrique de León