Un estudio de contenido a la prensa haitiana revela una tendencia a culpar a República Dominicana por lo que se define como un “terremoto sin precedente”, que provocarían las deportaciones de miles de indocumentados, al vencerse en junio el plazo de regularización migratoria.
El presidente Danilo Medina advirtió en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, que el Gobierno reanudará las repatriaciones de extranjeros sin papeles, al término de ese programa que procura legalizar la situación migratoria de miles de residentes irregulares.
Los medios haitianos estiman en más de 200 mil las personas que serían repatriadas, por lo que advierten que se desataría una crisis humanitaria similar a la acaecida con el terremoto de 2010 que asoló a Puerto Príncipe.
En el observatorio de la prensa haitiana no se extraen opiniones significativas de esos medios de comunicación en torno a la falta imputable al Gobierno haitiano por no proveer de documentos a sus nacionales residentes para que puedan acogerse al programa de regularización migratoria.
Por el contrario, el influyente periódico Le Nouveliste culpa al Gobierno dominicano por esa situación y exhorta a crear campos de refugiados en la línea fronteriza para recibir a los repatriados desde el lado este de la isla.
De manera irresponsable, ese periódico llama a obstruir el intercambio comercial entre los dos países, bajo el alegato de que ese es el único lenguaje que entienden los dominicanos, lo que sin duda constituye un inaceptable chantaje.
El gobierno del presidente Medina ha cumplido su promesa de abordar el tema de la inmigración ilegal haitiana con absoluto respeto a los derechos humanos, pero también con el irrenunciable compromiso de cumplir con la ley.
Es claro que sectores influyentes de la política, academia y prensa haitianas instigan y promueven confrontación y chantaje, en vez de participar de los esfuerzos que realizan ambos gobiernos por explorar alternativas de solución. Aun así, el Gobierno dominicano debe enviar la clara y contundente señal de que es inmune al chantaje y de que cumplirá y hará cumplir cabalmente la ley migratoria.