Santo Domingo.-La Compañía de Choferes de la Provincia la Altagracia (Comprochola) y el Sindicato de Choferes y Propietarios de Autobuses de la provincia La Altagracia (Sichoprola), piquetearon este jueves las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para denunciar que sus bienes activos y pasivos son detentados ilegalmente por la Asociación de Propietario de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).
Al mismo tiempo anunciaron la realización de una huelga el próximo 10 de enero en la provincia La Altagracia para demandar el cese del monopolio de Aptpra y que le devuelvan sus bienes.
Leonte Torres, presidente de Sichoprola, dijo que hace varios años la antigua Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), de manera ilegal traspasó las terminales y bienes a Aptpra, empresa propiedad del diputado del Partido Liberal Reformista, Guido Cabrera.
“Son 173 familias que hemos quedado sin trabajo desde el 2011, que fue cuando la OTTT nos despojó de nuestras rutas y se las asignó a Guido Cabrera, que en ese momento fungía como presidente de Sichoprola. Pero cuando perdió el control del sindicato también se llevó todos sus bienes de forma ilegal”, explicó Torres.
Durante el piquete, Torres en compañía de cientos de choferes de Higüey, mostró varias sentencias de tribunales de la capital y San Pedro de Macorís que le han favorecido devolviéndole los bienes, pero que el Ministerio Pública se niega ejecutarla.
Previo a la llegada de los choferes de Higüey decenas de policías acordonaron las oficinas del Intrant para prevenir incidentes.
Los manifestantes que estuvieron este jueves frente a la entidad reguladora de transporte, vociferaron y portaron pancartas amenazando con realizar una huelga el próximo 10 de enero.
Torres solicitó a la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos anular el traspaso o sustitución de las rutas a Aptpra y que anteriormente eran de Comprochola y Sichoprola.
El Intrant
En tanto que el director de comunicaciones de Intrant, Viviano de León, explicó mediante declaraciones a la prensa que este es un conflicto entre particulares, y que está en manos de tribunales, por lo que esperaran a que estos emitan una sentencia en ese sentido.
