Con todo y que los policías que ultimaron a la pareja de esposos en Villa Altagracia fueron condenados a un año de prisión como medida de coerción y de la advertencia del presidente Luis Abinader de que en el crimen tiene que reinar la justicia, la gente ha mostrado su inconformidad con las primeras decisiones que se han tomado para establecer responsabilidades.

Parientes de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, así como de los agentes imputados por el horrendo crimen ocurrido el 30 de marzo han reclamado que se incluya entre los responsables de la tragedia al coronel César Maríñez Lora, quien sólo ha sido suspendido y trasladado como comandante de Villa Altagracia.

Las especulaciones se han disparado con la hipótesis barajada por el propio Ministerio Público de que podría haber más implicados.

El Presidente, quien tras el crimen designó una comisión para trabajar en la reforma de la Policía, ha expresado preocupación. Pero lo obvio hasta ahora es la sospecha de que se podría estar protegiendo a otros supuestos involucrados en el asesinato.

Las versiones de la Policía sobre el retén y los disparos de la patrulla al vehículo en que se desplazaban los esposos cristianos no ha sido lo suficientemente explícita como para despejar dudas. Ha de tenerse en cuenta que el clamor de justicia no se satisface con lamentos ni con la comisión creada para reformar la Policía, sino con la identificación y enjuiciamiento de todos los relacionados con el conmovedor suceso.