Quito. EFE. En Ecuador la homosexualidad es una «enfermedad que puede curarse», o al menos eso es lo que prometen clínicas ilegales que aceptan a jóvenes, normalmente internados a la fuerza por sus padres, según autoridades y colectivos de gays.

Ese fue el caso de Ana, quien no quiso dar su nombre real, una joven de 21 años cuya madre la ingresó en una clínica porque es lesbiana, con la esperanza de que expertos lograran cambiar su tendencia sexual y dejara a su novia, Marta, de 23 años, quien también pidió no revelar su identidad.

Su caso no es único, la Directora General de Salud de Ecuador, Carmen Laspina, indicó a Efe haber recibido denuncias de personas homosexuales «que las han secuestrado» y llevado a ese tipo de clínicas.

La Fundación Equidad y Género, una organización no gubernamental, tiene anualmente cerca de 15 denuncias de personas que han sido internadas contra su voluntad en alguno de estos centros, donde son «víctimas de maltratos», como tratamientos con «electricidad o la privacidad de comida y descanso», según su portavoz, Efraín Soria

En este sentido, Laspina subrayó que en estos centros a veces se usan métodos violentos, como demuestra el caso de «una chica lesbiana que fue violada, además de gays o travestis que les cortaron el pelo o les extrajeron líquido de las prótesis de sus senos».

La práctica violenta en estas clínicas es algo normal, pero por suerte no fue así con Ana, quien relató que en el centro se levantaba cada día a las siete de la mañana, aseaba la casa y se pasaba la mayor parte de la jornada «sin hacer nada».

«No hacíamos ninguna terapia y el psicólogo sólo venía dos veces a la semana, pero rezábamos cada día», manifestó la joven, quien espetó que «por suerte» la clínica «era muy poco seria» y no la trataron con violencia.

La Constitución ecuatoriana, aprobada en el 2008, es la primera en la historia de este país que reconoce los derechos de los homosexuales, por lo que Laspina enfatizó que estas clínicas están «fuera de la ley, de los derechos humanos y de la Constitución».

La Directora General explicó que las clínicas se esconden tras centros de drogodependencia, que para el Estado es difícil controlar porque son privados.