Santo Domingo. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) exigió ayer jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) detener de inmediato los desalojos ilegales que, según denuncian, están siendo ejecutados por oficiales de la Policía Nacional en nombre de esa institución en varios sectores del Gran Santo Domingo.

El presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, solicitó formalmente a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso investigar y frenar los desalojos encabezados por los coroneles Miguel Ángel Trinidad y Manolo Ciriaco Peralta, quienes, de acuerdo con las denuncias, han intervenido de manera irregular en comunidades del municipio de Los Alcarrizos.

La CNDH-RD exige detener los desalojos ilegales en el Gran Santo Domingo

Mercedes deploró que durante la actual gestión de gobierno se hayan ejecutado más de 5,000 desalojos en menos de cinco años, afectando a familias humildes. Aseguró que la entidad recibe diariamente quejas de comunidades que se sienten amenazadas por posibles desalojos arbitrarios.

Advirtió que, de persistir esta práctica, más de 40 comunidades del país se movilizarán en rechazo a lo que califican como abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos, tanto en zonas ya desalojadas como en aquellas bajo amenaza de intervención.

El defensor de derechos humanos denunció que estos desalojos se realizan sin orden judicial y con uso de fuerza e intimidación. “En sectores como Los Ríos, Jerusalén, y otros, oficiales han actuado ilegalmente a nombre de la Procuraduría, la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones del Estado”, afirmó.

Mercedes advirtió que esta actuación representa una posible usurpación de funciones y un grave atentado contra la institucionalidad, al generar desinformación y erosionar la credibilidad pública. “Esperamos que tanto la Procuradora General como el director de la Policía Nacional tomen acciones urgentes para detener estos abusos”, sostuvo.

Demandan investigación y sanciones por abusos de oficiales en intervenciones irregulares

Durante una manifestación frente a la sede de la Procuraduría, representantes comunitarios advirtieron al presidente Luis Abinader que no permanecerán indiferentes ante estos atropellos. “Si quiere paz, debe ordenar la detención de estos desalojos ilegales que vulneran derechos humanos fundamentales”, señalaron.

Mercedes recordó que el derecho a la vivienda es una conquista establecida en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el país, por lo que cualquier desalojo debe cumplir con un debido proceso legal.

Según la CNDH-RD, los terrenos ocupados por las familias afectadas en Los Alcarrizos corresponden a la parcela G1-DC-31, próxima a Caballona, legalmente adquirida al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En cambio, los terrenos adscritos a la Procuraduría, conforme al Decreto Presidencial 265-13, se ubican en otra parcela donde opera el Centro Correccional de Menores (antigua Ciudad del Niño), en Hato Nuevo.

“Hay una evidente confusión de jurisdicción, y no resultaría extraño que algunos funcionarios estén usurpando funciones o actuando sin autorización legal, afectando la transparencia institucional”, advirtió Mercedes.

Ante esta situación, la CNDH-RD insta a la Procuraduría a intervenir con urgencia, esclarecer los hechos, determinar si hubo respaldo institucional y sancionar a los responsables. Además, pide que se adopten medidas reparadoras integrales para las víctimas: restitución de derechos, indemnización por daños materiales y morales, y atención médica o psicológica por el trauma causado.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la legalidad y los derechos humanos, y propuso la creación de mesas interinstitucionales de formación y prevención, a fin de evitar la repetición de este tipo de atropellos por parte de agentes del orden y funcionarios públicos.