Desconocidos retiraron la pieza principal y tornillos a 14 torres de las que soportan líneas de alta tensión, con el propósito de derribarlas y provocar el colapso del sistema eléctrico nacional. ¿Cómo puede definirse ese suceso, si no como un atentado terrorista?
El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED, Julián Santana, afirman que se trató de un “sabotaje” o “atentado” con el objetivo de provocar una interrupción abrupta del servicio de electricidad.
Tantas coincidencias de sucesos con tintes de terror provocados abruman ya a la ciudadanía que no se repone aún del asalto con armas de guerra perpetrado contra la cárcel de Najayo, el incendio de un vagón repleto de pasajeros y ahora el intento de hacer colapsar el sistema eléctrico nacional.
El sabotaje contra las 14 torres que soportan líneas de 138 KV, localizadas en el municipio de Yaguate, San Cristóbal, ocurrió a pocos kilómetros de la cárcel de Najayo, objeto también de un atentado terrorista, casi de manera simultánea.
Es verdad que todavía no afloran evidencias para poder vincular el asalto a Najayo con el sabotaje a las torres de alta tensión o el incendio premeditado al vagón del Metro de Santo Domingo, pero tampoco hay razones para despejar sospecha de que así sea.
En menos de cinco días se perpetran atentados contra una cárcel modelo, contra una de las líneas del Metro y contra el sistema eléctrico nacional. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué se puede temer?
Retirar tornillos y pieza principal de 14 torres de transmisión eléctrica con el propósito de derribarlas no parece tarea de rateros, como tampoco convence que un estudiante amanezca un día con la intención de pegarle fuego al Metro, o de que un comando con fusiles M-16 asalte la cárcel de Najayo, por propia voluntad.
Hay razones de sobra para sentir preocupación por esas acciones de terror que han ocurrido en menos de una semana, con saldo de muertos y heridos, pero con evidentes propósitos mayores. Las autoridades tienen el reto de esclarecer convincentemente esos hechos que encrespan a la población.