En julio de 2025, el Senado dominicano dio un paso más en su cruzada contra la justicia social: aprobó en primera lectura un nuevo Código Penal que legaliza la impunidad, refuerza el autoritarismo y criminaliza la pobreza. Este no es un simple retroceso legislativo, es un golpe de Estado legal contra las mujeres, los pobres y las mayorías excluidas. Un blindaje jurídico para los corruptos y poderosos, aprobado a espaldas de un pueblo que sigue siendo ignorado por quienes legislan para sus intereses de clase.

La impunidad como ley
Este Código no castiga a quienes tienen el poder: los protege. Artículos como el 14, 303 y 328 eximen al Estado, a funcionarios públicos, a las iglesias y a los militares de responsabilidad penal, otorgándoles privilegios legales inaceptables. Se crean tribunales especiales militares para encubrir a los altos mandos y se amplían los plazos de prescripción del delito de corrupción a 20 años, todo mientras se ignora por completo la propuesta de tipificar el ecocidio como crimen penal —una iniciativa presentada por la diputada Llaniris Espinal y respaldada por sectores socioambientales.

En otras palabras: el Código Penal fortalece el pacto de impunidad, institucionaliza los privilegios de las élites y perpetúa la cultura del “borrón y cuenta nueva” para los criminales de cuello blanco.

La criminalización de las mujeres y las niñas. Mientras los corruptos obtienen más protección, las mujeres pobres obtienen más condenas. La penalización absoluta del aborto —sin siquiera contemplar las tres causales de salud, violación o inviabilidad fetal— es una política de muerte. Ana Piquer, de Amnistía Internacional, lo denunció con claridad: “se perpetúa un ciclo de violencia y discriminación que condena a innumerables mujeres… mucho más a quienes viven en pobreza”.

Esto no es solo una omisión legal: es una forma cruel y sistémica de violencia institucionalizada. Casos como el de Luz, una adolescente con discapacidad violada y obligada a parir, son las consecuencias concretas de esta legislación misógina y brutal. Se legisla desde el desprecio hacia la vida de las más vulnerables. Cárcel para los pobres: castigar el hambre. Este Código también endurece las penas para delitos menores, la mayoría cometidos por necesidad.

El robo de un celular o un pedazo de pan recibe más castigo que un fraude multimillonario. No se contemplan políticas de reinserción, ni programas de desarrollo social.

Por: Felipe Lora Longo