El Gobierno Dominicano, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, debería obligar a todos «los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento», incluyendo a administradores y directores generales y presidentes de comisiones que son nombrados por Decreto, a que firmen un real y efectivo Código Ético en donde se comprometan a trabajar más y mejor por una cultura de transparencia y en contra del fomento de la corrupción en la administración pública. Por supuesto, se debe comenzar con el presidente de la República como señal viva de buena fe y endurecimiento.

Un Código Ético que no sea excluyente sino abarcador, en donde figuren todos los poderes y organismos del Estado, incluyendo los centralizados y descentralizados. En donde se resalten valores y principios indispensables para una administración pública actualmente cuestionada por irritantes actos de carácter corruptivo. Un Código de Ética que sea sostenido en el tiempo, en donde se hable de eficiencia y eficacia, sobre lo bueno y lo malo, de lo condenable y de lo aplaudible.

Sería un buen mensaje que la sociedad dominicana aceptaría bajo el entendido de que el mismo será respetado por todos sin excepción alguna. Digo esto porque aquí debe terminar la política del borrón y cuenta nueva. Aquí debe acabarse el tirar la piedra y esconder las manos. Aquí deben finalizar las mordidas de fantasmas que no dejan rastros. Aquí debe finiquitar el mirar hacia otro lado cuando se está cometiendo. un delito de corrupción.

Todos los que, lamentablemente, han cometido o piensan cometer actos de corrupción administrativa (actuales y pasados funcionarios) y una vez comprobado y demostrado con pruebas contundentes, verídicas, irrefutables y concretas, deben ser sentados en el banquillo de los acusados respetándoles, naturalmente, todos sus derechos constitucionales. Queda dicho.

Por: Oquendo Medina

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