Cójanlo

Todavía no ha concluido el año escolar cuando ya los colegios privados han dispuesto un alza entre un 10 y un 25 por ciento en las tarifas. Para justificarse siempre encontrarán una excusa, aunque la realidad es que los centros operan como chivos sin ley. Son ley, batuta y Constitución, a tal punto que las autoridades no se han ocupado de desengavetar la legislación 86-2000 que otorga potestad al Ministerio de Educación para regular las exorbitantes tarifas. Es doloroso, pero hay que repetir hasta la saciedad que la proliferación de centros privados es la alternativa frente a las dificultades y las carencias que caracterizan la enseñanza pública. Pero la realidad no justifica, en modo alguno, los abusos que se repiten año tras año con el incremento de la tarifa, además de las penalizaciones para los estudiantes cuyos padres o tutores no cumplen con la cuota. Los propietarios de los centros, como negociantes que son, no han esperado siquiera que concluyan las Pruebas Nacionales para notificar alzas que no son para mejorar los salarios de los profesores ni las condiciones de enseñanza, sino para aumentar ganancias y compensar sus costos operativos.