Cójanlo

Presos y delitos

La sobrepoblación carcelaria de que ha dado cuenta el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, es mucho más que un dato estadístico. Se trata, a simple vista, de una crisis del sistema penitenciario o de la ineficacia de las políticas sociales. Los números son escalofriantes. En los últimos 10 años, la población carcelaria ha experimentado, de acuerdo con Domínguez Brito, un crecimiento sin precedentes.

En 2002 había 16,569 reclusos, pero el total se aproxima hoy a los 26 mil. Sin hablar de los que se las han arreglado para evitar estar bajo rejas. ¿Por qué el incremento de la población carcelaria en una proporción tan alarmante? Esa es la gran interrogante, aunque puede darse por descontado un fallo en el sistema en lo relacionado a con los procesos judiciales o la depuración de los sometidos. Pero también refleja la ineficacia de las políticas para mejorar las condiciones de vida de la población y de esa manera evitar el alarmante incremento de presidiarios.

Domínguez Brito debe, a propósito de su revelación, jugar el papel que le corresponde en cuanto a acelerar los procesos para descongestionar las prisiones. Pero si las autoridades no diseñan políticas eficaces para prevenir que tantas personas terminen tras las rejas por las causas que fueren, entonces se estaría en un círculo vicioso.