El ciudadano ordinario o público en conflicto con la ley tiene las vías de derecho para proclamar su inocencia en los tribunales o solicitar decisiones judiciales o administrativas que crea merecer. En un estado de derecho, como el que se considera vigente aquí, ninguna otra forma de reclamar justicia puede considerarse válida, porque en toda situación, víctima y acusado, Ministerio Público o terceros intervinientes están compelidos a presentar fardo de pruebas ante el juez competente. Tales consideraciones jurídicas obran por igual para las personas acusadas de ejercer violencia de género, quienes al reclamar libertad condicional bajo garantía económica deben demostrar ante un juez de lo preliminar que no constituyen peligro para sus denunciantes y ante el juicio de fondo probar su inocencia. Políticos, militares, deportistas y ciudadanos ordinarios deberían entender que en ningún modo están por encima de la ley, menos cuando se trata de una infracción que provoca gran rechazo social como la violencia doméstica.
