La Dirección de Prisiones desconoce el paradero de los seis reclusos indultados el 27 de febrero por el presidente Leonel Fernández. Pero no es lo único que ignora un organismo que ni siquiera ha podido establecer responsabilidades sobre la fuga de varios reclusos acusados de narcotráfico. Algunos se fugaron de las cárceles de Puerto Plata e Higüey, pero otros lo hicieron nada menos que desde la misma oficina del procurador fiscal de San Cristóbal. Si el organismo de la Procuraduría General de la República no ha podido dar con el paradero de los presos fugados, pues no extraña que tampoco sepa el destino de los indultados por el presidente Fernández. Aunque se suponga que deba vigilar sus movimientos, dado que el indulto es una libertad condicionada. Que hayan sido liberados por enfermedad e indigencia no quita que las autoridades no sepan siquiera dónde vivan y qué hacen los libertados. Su alegato para justificar el desconocimiento es que mientras estuvieron en la cárcel los expresidiarios cambiaron de dirección y de números de teléfonos. El silencio con los acusados de narcotráfico que se han fugado puede explicar la ignorancia de los indultados.
