Los expedientes sobre irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas no son los únicos que ensombrecen la función de la Dirección para la Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). También casos como el de un funcionario de Edenorte que habría huido del país después de detectársele depósitos por 35 millones de pesos.
El expediente lo ha sacado a relucir el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, como parte de los controles que ha tomado para erradicar las malas prácticas administrativas. Del caso se ha hablado mucho, pero hasta ahora no se sabe cómo el exgerente financiero de Edenorte, de nacionalidad peruana, se las arregló para irse del país tan pronto fue cancelado. Se supone que el extranjero, que no se sabe si consiguió cancelar los depósitos, tenía impedimento de salida. Marranzini explicó que había apoderado del caso a la DPCA, así como del expediente contra exempleados imputados de la compra e instalación de medidores que podían ser manipulados para robar energía. La impunidad de los casos se presta a mucha suspicacia.
El Nacional
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