El Pacto de Punto Fijo, suscrito en 1958 entre Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD), nació tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este acuerdo pretendía afianzar la democracia representativa y detener la inestabilidad política que había caracterizado el país.

La coyuntura postdictatorial exigía un orden que contuviese posibles retrocesos autoritarios. Sin embargo, si bien el Pacto de Punto Fijo (PPF) impidió el resurgimiento inmediato de dictaduras, también marcó el predominio de élites políticas que limitaron la participación efectiva de las mayorías. Esto sentó las bases de un modelo excluyente que, con el tiempo, generaría descontento social.

Durante las décadas siguientes, AD y COPEI se alternaron el poder. La bonanza petrolera y el clientelismo sostuvieron una fachada de estabilidad, pero la corrupción, la concentración de la riqueza y la opacidad en el manejo de la renta petrolera minaron la credibilidad del sistema.

La represión política contra la disidencia, el control sobre las protestas sociales, las violaciones a derechos humanos y la existencia de guerrillas internas evidenciaron el rostro autoritario del puntofijismo. Estos gobiernos, bajo un ropaje democrático, ejercieron una represión sistemática que frenó la renovación política y alimentó el resentimiento popular.

En los años 80, la promesa de prosperidad se desvanecía. La desigualdad aumentaba, la corrupción se hacía insoportable y el descontento social emergía con fuerza. Este malestar alcanzó su máxima expresión con “El Caracazo” en 1989, un estallido popular que evidenció la fractura entre las élites gobernantes y la población empobrecida.

Fue en este contexto que irrumpió Hugo Chávez, un teniente coronel que protagonizó en 1992 un fallido intento golpista. Aunque su acción no triunfó en lo militar, sí lo hizo en el imaginario de las clases populares. Con un discurso cercano a las mayorías, Chávez encarnó la esperanza de romper con el orden excluyente y abrir el camino hacia un nuevo proyecto de país.

Chávez llegó a la presidencia en 1999, impulsó una Asamblea Constituyente y promovió políticas sociales que beneficiaron a sectores históricamente marginados. Sin embargo, su programa reformista generó el rechazo de las élites económicas, mediáticas y políticas, herederas del antiguo pacto.

Estas élites, reacias a ceder privilegios, conspiraron abiertamente para derrocar al gobierno. Intentaron un golpe de Estado en 2002, promovieron el sabotaje petrolero, financiaron campañas mediáticas internacionales y alentaron protestas violentas conocidas como “guarimbas”.

El objetivo era revertir el proyecto bolivariano, negando la legitimidad de una transformación que amenazaba sus intereses.

La muerte de Chávez en 2013 colocó a Nicolás Maduro al frente del país. La nueva administración enfrentó la caída de los precios del petróleo, las sanciones internacionales, el bloqueo financiero y una oposición que agudizó sus tácticas desestabilizadoras.