Esas sentencias breves que expresan lo que muchos llaman: proverbios, refranes, dichos, etc., son de uso frecuente en el léxico de la población. En esta oportunidad me voy a referir al que reza: “es mejor prevenir que lamentar” .

La cotidianidad nos demuestra que cuando inobservamos la máxima que antecede, las consecuencias negativas son inmediatas. Basta con escuchar los noticieros o leer las informaciones en los periódicos, para enterarnos de la cantidad de acontecimientos lamentables que ocurren a causa de la imprevisión.

En lo que tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades, es penoso conocer que aspectos tan importantes como la salud, la seguridad ciudadana, medio ambiente, la integridad del patrimonio nacional y otros tantos que sería prolijo enumerar; son desatendidos sin que los responsables directos paguen las consecuencias. La ciudadanía está indignada al observar el desparpajo con que actúan los “conspicuos” violadores de la ley, y, la indiferencia de las autoridades.

Los gobiernos que hemos tenido (salvo excepciones), han actuado movidos por el predicamento: “dejar hacer”. Es decir, manteniendo una actitud complaciente frente a sectores que controlan los poderes fácticos. Estos, como sabemos, ejercen presión sobre los diferentes poderes del Estado.

Esa realidad, crea un ambiente de temor y subordinación entre los funcionarios y empleados de la administración pública, que los cohíbe de accionar con apego a las normativas establecidas para la ejecución del cargo que desempeñan.

La ausencia de un régimen de consecuencias, que opere con prontitud y eficacia, es la motivación principal para los desaprensivos. De ahí que, confiados en que la impunidad prevalece; violan las leyes y el ordenamiento social que rige la vida de todos los dominicanos. Es tiempo ya, de que le pongamos termino a esta peligrosa situación, toda vez que, la pérdida de vidas humanas, y recursos económicos, ha llegado a niveles alarmantes.