Frente a una ley penal con más de 140 años es de esperar que cualquier cambio sea apreciado, pero, de ahí a decir que, dejamos atrás un marco normativo anacrónico para tener un modelo de justicia moderno y centrado en la protección a los derechos humanos, es bastante exagerado.

La mejora permitirá más fácilmente perseguir un número de delitos, pero luce confusa, probablemente, por ser un texto modificado -prácticamente el mismo que en 2014 y en 2016- tantas veces y por tantas manos que hay errores de construcción del texto que, darán sus dolores de cabeza, ya que con las leyes y en relación con la Constitución hay que tener precisión en la expresión.

Quedó un documento aparentemente misógino y reduccionista que, en su mayor parte, no se centra en los derechos humanos del pueblo entero, en un Código Penal para hombres con posibilidades, capaces de violar a su “esposa legal y certificada” -si es por una iglesia mejor- y permitirse sin exagerar, claro, decidir una buena pela a sus hijos e hijas a su propio criterio.

Es decir, una perspectiva de la familia rotunda y exclusivamente machista, autoritaria y jerárquica, desigual en participación y dolorosa para su mayoría, mujer, hijos/as.

Una pena que el presidente, en su alocución posterior a la admisión de la pieza no haya intentado crear argumentos como lo manda la buena doble moral para las 5,454,508 dominicanas -30,749 más que los dominicanos para este 2025- como dice la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE.

Hubiera estado bien una disculpa que no incluyera su interpretación de la mención a una causal que dijo, agregada.

Planteado el tema de las causales es hasta comprensible la negación de derechos totales como los arrebatados en la mutilada reforma de la 24-97 y en esta vuelta atrás, porque sería imposible reconocer la autonomía fundamental de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos por ser humanas en coherencia con tales circunstancias.

Entendible que pongan a un/a médico/a en su propia convicción a sopesar el valor de la vida de una mujer en esa línea de acciones violatorias de la integridad de ellas y aun teniendo en cuenta que pueden parir y cuidar, las consideran incapaces al decidir.
No es una causal, es otra obligación legal.

Por eso nos preguntamos, si eso es lo bueno, ¿cómo nos referimos a ello? Si lo fuera de verdad, con transparencia, pero, en la práctica de poder priman los negocios que favorecen.

Y esas “truchimañerías” solo se explican incriminándose.