La corrupción en todas sus manifestaciones ha sido el flagelo sociopolítico que le ha causado los peores daños al país.
Aunque el patricio Juan Pablo Duarte dio vivo ejemplo de honestidad y pulcritud en el uso de los recursos y fondos públicos, mediante la primera rendición de cuentas en la vida republicana de nuestro país, realizada el 12 de abril de 1844. Y, a pesar de los señalamientos establecidos por la Constitución de la República en sus artículos: 1.- Organización del Estado; 245.- Sistema de contabilidad; 246.- Control y fiscalización de fondos públicos; 247.- Control interno y 248.- Control externo. La corrupción persiste.
Los gobiernos que se han sucedido desde 1962 a la fecha, no han sido capaces de disminuir significativamente la ocurrencia de esos actos que, impactan de manera muy negativa la economía, la salud, la educación y otros renglones importantes de la vida nacional.
Quisiera no hacerme reiterativo en cuanto a sugerir la modificación de la ley 311-14; ya lo hice en mi artículo “Enhorabuena” de fecha 23 de agosto de 2014. Pero como estoy plenamente convencido de que, para lograr mejores resultados en la lucha anticorrupción, es necesario insistir en la aplicación de medidas que comprometan cada vez más, la responsabilidad, la moral y el patrimonio de los funcionarios y empleados que administran recursos y fondos públicos.
En ese sentido, me permito sugerir la creación de “el compromiso etico”. Se trata de un documento que deberá firmar el funcionario o empleado, en el cual “jura” actuar con apego a lineamientos éticos en el desempeño de sus funciones, cumplir el mandato de rendir cuentas con transparencia y resarcir al Estado por el perjuicio económico que le pudiese ocasionar si se comprueba la existencia de corrupción en su accionar.
Ese documento, debería ser prerrequisito a los funcionarios y empleados de nuevo ingreso, y, requerido a los existentes. Como se habrá podido observar, implementar esta sugerencia es sumamente fácil, por lo que abrigo la esperanza de que sea tomada en cuenta por las autoridades competentes. Esperemos.