La ratificación de la condena a cinco años de prisión a Rosa María Pilarte, quien fuera diputada del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de La Vega en el pasado período, es una tenue señal luminosa al final del túnel, que puede marcar el inicio de un cambio de actitud en el sistema punitivo para sancionar los ilícitos de actores políticos.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la revisión de la sentencia de la sala penal de la máxima instancia del Poder Judicial en función de jurisdicción privilegiada, que procesó a la antigua legisladora, validó la sentencia que ahora adquiere la autoridad de la cosa juzgada, solo susceptible de un recurso ante el Tribunal Constitucional, si hubiere motivo para ello.

Este caso marca un precedente positivo por la condena en sí y por la persona protagonista y su entorno familiar y político, aunque la sanción puede calificarse de benigna ante delitos graves como el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pese a la vinculación que se le atribuye desde hace tiempo a su esposo con actividades censurables.

Ella no pudo demostrar a los jueces el origen de su enorme fortuna y el movimiento de más de 4,400 millones de pesos entre 2003 y 2021 muy por encima de sus ingresos como legisladora, lo cual apunta a que probablemente fue, de forma consciente o no, especie de testaferro de su esposo, como parte de la comunidad matrimonial y a sabiendas de las andanzas de su pareja.

La revisión constitucional de esta sentencia, como último mecanismo de la condenada para variar su triste realidad, solo podrá ser admitida si ella demuestra que en su caso se ha cometido alguna violación a sus derechos fundamentales o al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Ley de Leyes, y no fue invocada con anterioridad. Y no toca el fondo, sino el proceso.

El caso de la ex diputada vegana evidencia también la acelerada pérdida de calidad de la representación legislativa y el deterioro de principios éticos, porque no es el único caso escandaloso de un representante congresual en conflicto con la ley, y tiene de positivo que deberá marcar la pauta para que otras indelicadezas dejen de ser cubiertas con el manto de la impunidad.