Cuatro integrantes de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados fueron condenados a penas de seis y tres años de prisión, tras acogerse a un Procedimiento Penal Abreviado solicitado por el Ministerio Público.

La red operaba en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde elaboraba documentos falsos como cédulas de identidad, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego.

Además, producían carnets fraudulentos de instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), el Ejército de la República Dominicana, el Ministerio de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados a seis años de prisión, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, respectivamente. En ambos casos, se ordenó la suspensión condicional de los últimos cinco años de la pena.

Yonel Raphael fue sentenciado a tres años de prisión, también en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.

Asimismo, el empleado de la Junta Central Electoral (JCE) Andys Hernández Rivera fue condenado a tres años de prisión, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, y al pago de una multa equivalente a veinte salarios mínimos.

Las sentencias fueron impuestas por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Distrito Judicial de Barahona, luego de que los acusados admitieran los hechos en virtud de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por los fiscales Wellington Matos y Esther González Peguero, junto a la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral.

Como parte de las sanciones, el tribunal dispuso el decomiso en favor del Estado de los equipos electrónicos utilizados por la red para falsificar documentos.

A todos los condenados se les impuso, como condición para la suspensión de la pena, la obligación de residir en el domicilio procesal aportado, abstenerse del consumo excesivo de alcohol, del porte de armas, mantener buena conducta y someterse a la supervisión del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.

La organización delictiva cobraba entre 70 mil y 100 mil pesos por cada documento falso y suministraba identidades ficticias tanto a dominicanos como a ciudadanos haitianos. Entre los documentos que falsificaban se encontraban también visados de países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Chile, Bahamas, Ecuador, Haití, Nicaragua, Brasil, Curazao, Guatemala y Honduras, entre otros.

La investigación inició en enero del año pasado, a raíz del arresto de varios extranjeros en Barahona que portaban documentos falsos. Durante el proceso, se determinó que los documentos eran expedidos por un grupo organizado, cuyos principales responsables son Pablo Selmo De La Cruz, actualmente en prisión preventiva; Yonel Raphael; y Modesto Alcántara, quien figura como testigo en el juicio. También formaban parte de la red José Alfredo de los Santos, Divisay Altagracia Amparo y el empleado de la JCE, Andys Hernández.

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El caso fue investigado por el Ministerio Público en coordinación con la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.

Los hechos están tipificados como delitos en diversos artículos del Código Penal Dominicano, así como en las leyes 172-13 sobre Protección de Datos, 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y 4-23 sobre Actos del Estado Civil.