La lectura del dispositivo de sentencia del caso que el Ministerio Público bautizó como operación antipulpo y cuyo acusado principal es hermano menor del expresidente Danilo Medina, provocó reacciones agridulces por cuanto la condena máxima fue siete años de prisión y hubo una decena de absoluciones.

Después de más de cuatro años de iniciada la persecución penal por parte de fiscales, con más de dos luego del auto de apertura a juicio y un centenar de audiencias, al fin, el segundo tribunal colegido del Distrito Nacional pudo llegar a una conclusión y fijó la lectura integra de la sentencia para septiembre.

El ciudadano común, que no conoce al dedillo de intringulís judicial, percibe que buena parte de la acusación y fortaleza de las pruebas que el Ministerio Público se ufanaba tener para lograr sanciones ejemplarizadoras, fueron insuficientes para convencer a las tres juezas que sentenciaron el caso.

Lo que las magistradas adelantaron en sus exposiciones orales previas a conocerse el fallo, como parte de las argumentaciones para justificar su decisión unánime, tiene mucha tela para cortar porque fueron críticas a falencias del sistema que impidieron, desde su perspectiva, probar hechos contra el Erario.

Si bien el pueblo está convencido que el hermano menor del expresidente Medina fue un verdadero pulpo, con tentáculos insondables en contrataciones públicas, en el caso del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper) también percibe que hubo indelicadezas suficientes para una condena penal.

El sistema punitivo queda a deber con esta sentencia en primer grado, el largo tiempo de espera recuerda la máxima “justicia retardada equivale a justicia denegada” y estropea expectativas de la masa crítica social que anhelaba sanciones condignas ante un escándalo de mega corrupción administrativa.
¡Qué frustración y desilusión!