BOGOTÁ.- EFE. La senadora Piedad Córdoba, a quien la Procuraduría colombiana sancionó hoy con 18 años de inhabilitación por «colaboración» con las FARC, afirmó que es «inocente» y que la medida del Ministerio Público «es una muestra más de la persecución política» que se ha adelantado contra ella.

«Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años», dijo la senadora a través de un comunicado publicado en su página de internet.

Indica que esa persecución política ha implicado «grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio» y también las operaciones de interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).

Agrega que quien la «acusa y sanciona» está seriamente cuestionado por sus actuaciones contra «los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS».

Antes del comunicado, la senadora Córdoba aseguró a través de la red social Twitter que era «inocente».

«Buenas tardes amig@s, en este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del Procurador, Tranquil@s que Piedad es Inocente», señaló en el mensaje.

Córdoba, quien regresó hoy de Caracas, no quiso hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto Eldorado de Bogotá, de donde salió por una puerta lateral, según los medios locales.

Según esos mismos medios, varias personas que estaban en el aeropuerto le gritaron «vende patria» a la senadora, con cuya mediación ante las FARC se logró en los últimos años la liberación de 12 personas que esa guerrilla tenía cautivas.

En un comunicado, la Procuraduría (Ministerio Público), encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, informó hoy de su decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba «por haber promocionado y colaborado» con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según ese organismo, la investigación se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, «Raúl Reyes», abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció «con certeza» que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz,

«con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos».

Constató también que la legisladora «instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países», aunque la Procuraduría no menciona cuáles.

Asimismo, la política «efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo».

El abogado de Córdoba, Ciro Quiroz, anunció que recurrirá la sanción, de la que dijo que no tiene «precedentes» y que fue impuesta «con sevicia».

«Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador (Alejandro Ordóñez)», manifestó Quiroz.

Adelantó que «hará uso de los recursos respectivos» para «impugnar» la providencia emitida por la Procuraduría contra su defendida.

Censuran decisión

BRUSELAS. EFE. El eurodiputado y Coordinador Internacional de Izquierda Unida (IU), Willy Meyer, ha calificado

hoy la inhabilitación impuesta a la senadora colombiana Piedad Córdoba como «un ataque directo a la posibilidad de una salida negociada al conflicto de Colombia».