Santo Domingo.-Los gobiernos dominicanos de los últimos 58 años no han podido controlar la corrupción administrativa a pesar de que han implementado medidas legales, creando instancias gubernamentales especializadas para investigar, judicializar y sancionar estas infracciones sancionadas en los códigos y la Constitución.
El pasado miércoles al dar a conocer el último informe de Transparencia Internacional, difundido en el país por directivos de Participación Ciudadana, se informó que República Dominicana ocupa el lugar 137 de 180 países evaluados, inclusive perdió dos puntos con relación al año 2018, situando entre las naciones con mayores índices de corrupción del mundo.
En el mismo reporte se precisa que entre los países del continente americano, República Dominicana posee la peor puntuación, correspondiente al 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay con 28 puntos y solo mejor que cinco países del continente, como Guatemala y Honduras con 26; Nicaragua con 22, Haití 18 y Venezuela 16.
El país continúa con alto índice de corrupción a pesar de que el presidente Danilo Medina, el 16 de agosto de 2012 cuando tomaba posesión de su primer gobierno, en la página 18 de su discurso ante la Asamblea Nacional, prometió que la Comisión Nacional d Ética y Combate a la Corrupción «tendrá potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias sin perjuicio de las que correspondan al Régimen Ético y Disciplinario de la Función Pública y la Cámara de Cuenta».
Sin embargo, Leonel Fernández, en 1997 creó la primera entidad para enfrentar la corrupción bajo el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, mediante el decreto 322-97, bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República.
Cumpliendo con promesa del programa de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana del año 1996, el presidente Leonel Fernández creó mediante el decreto 322-97, para que investigara y sometiera a la justicia todas las personas que resulten implicadas en tales acciones.
Esta entidad ahora convertida en Dirección de Persecución de la Corrupción, es responsable de judicializar todos los procesos judiciales relacionados con corrupción en los tres gobiernos que encabezó Leonel Fernández, la gestión de Hipólito Mejía y ahora las dos administraciones de Danilo Medina no ha podido controlar la corrupción, según el reporte de Transparencia.
Durante este período gran parte de los gobiernos dominicanos han pretendido buscar fórmulas para prevenir y sancionar la corrupción administrativa, una de ellas la dispuso el presidente Joaquín Balaguer, en septiembre de 1993, cuando emitió el decreto 246-93 designando a la Contraloría General de la República someter a la acción de la justicia todos los funcionarios que incurran en irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y los resultados deberían ser publicados en los periódicos de circulación nacional.
También en el año de 1971, el presidente Joaquín Balaguer promulgó la Ley 144 donde se obligaba a los funcionarios a realizar inventarios de sus bienes y entregárselos al procurador general de la República.
El primer párrafo del mismo artículo ordenaba que la declaración del Presidente y el Vice se debieran hacer ante el Senado de la República. Esta vez los funcionarios tenían 20 días para presentar sus informes y el procurador general de la República o el Senado estaba facultado para ordenar investigaciones.
Un apunte
Corrupción
A pesar del esfuerzo de algunos gobiernos por sancionar la corrupción en más de cinco décadas, sólo tres o cuatro expedientes han obtenido sentencias definitivas pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
