La Junta Central Electoral (JCE) anunció que contará de forma manual la totalidad de los votos del nivel presidencial emitidos en las primarias del PLD y efectuará una auditoría a los códigos fuente y al software usados en esos comicios, ambas iniciativas reclamadas en su momento por el ex presidente Leonel Fernández.

Aunque surgen discrepancias sobre la pertinencia o utilidad de contar ahora todos los sufragios, la decisión de auditar el sistema automatizado completaría el cuadro de investigación forense y de cotejo manual, lo que debería arrojar luz sobre la legitimidad o transparencia de los resultados electorales.

Sería saludable que la JCE permita en esa gestión de auditoría el acompañamiento de representantes de instituciones nacionales o extranjeras, en el entendido de que lo que surja de esas indagatorias sería aceptado como bueno y válido por quienes hoy objetan la idoneidad del proceso comicial.
Correspondería a propias autoridades del Tribunal Electoral o al Tribunal Constitucional interpretar correctamente la ley que fija un plazo de cinco días a la JCE para proclamar los ganadores en las primarias del domingo, toda vez que el plazo concluiría este viernes.

El equipo del ex presidente Fernández ha escogido vías de derecho para dirimir sus querellas o denuncia, lo que se expresa en los pedidos o instancias que ha elevado ante la Junta o el TSE, por lo que debería esperar los resultados del conteo manual y de la investigación forense, así como de la sentencia de la alta corte.

No parece, pues, necesario ni conveniente la convocatoria a una manifestación el lunes ante el edificio de la JCE, porque las instancias correspondientes no han incurrido hasta el momento en denegación de derechos, y porque ese método de lucha solo contribuye a provocar o acentuar incertidumbre política.

Más de dos millones de electores acudieron el domingo a las urnas en forma ordenada y de manera entusiasta invitados a una fiesta de la democracia, no a un velorio, por lo que el liderazgo político está compelido a resolver cuanto antes este percance y la JCE obligada a garantizar el respeto absoluto de la voluntad popular.

A lo que se aspira es a que las instancias del partido oficial usen las vías de derecho y aguarden por las resoluciones o sentencias correspondientes, que deberían acoger o en caso contrario atacar por las mismas veredas que la Constitución y el ordenamiento jurídico ponen a su alcance.