El plazo de inscripción de extranjeros indocumentados en el Plan de Regularización Migratoria vence mañana en medio de una espesa humareda de confusión a causa del cruce de informaciones contradictorias sobre cómo se ejecutarían las repatriaciones de los sin papeles.

Aunque el canciller Andrés Navarro ha dicho que las deportaciones de indocumentados comenzarían en 45 días, las autoridades dominicanas aún negocian con Haití el protocolo de repatriación y los lugares por donde serían devueltos.

No pasa un día sin que algún funcionario del Gobierno afirme o desmienta sobre repatriaciones masivas o selectivas, éxito o fracaso del Programa de Regularización Migratoria, lo que en vez de despejar complica aún más el panorama.

Se tenía entendido que tanto el Registro de Inscripción de Inmigrantes como el protocolo de repatriaciones estarían regidos por leyes y reglamentos, por lo que su ejecución sólo estaría signada por la expresa voluntad del Gobierno de respetar los derechos humanos de los repatriados.

Las autoridades no han logrado articular un discurso claro, coherente y unificado en torno a qué se haría a partir de mañana, tanto con los inmigrantes no inscritos en ese registro, como en los casos de aquellos que no completaron los requisitos requeridos.

A la contradicción se agrega la desinformación mercadeada al exterior por mentadas organizaciones no gubernamentales en torno al fracaso del Plan Regulatorio y, lo que resulta peor, a imputarle falta al Gobierno dominicano por la carencia de documentación de inmigrantes haitianos.

Durante todo el tiempo de vigencia de ese programa, el Gobierno de Haití no ofreció cooperación ni asumió ningún tipo de iniciativa para que sus nacionales pudieran proveerse de la documentación necesaria para regularizar su situación migratoria.

Lo que se reclama es que el Gobierno despeje esa densa niebla de confusión o desinformación, que la ciudadanía asume con la preocupación de que con relación al impostergable tema migratorio, se ofrecería mucha espuma y poco chocolate.