Puede afirmarse enfáticamente, sin temor a lucir exagerado, que hoy día la Contraloría General de la República (CGR) es uno de los organismos luminosos de la administración pública, la cual en todas las épocas ha recibido acusaciones de ineficiencia.
Basta con visitar su sede en los predios añejos del Ministerio de Hacienda para comprobar que ese departamento oficial es otra fragancia y el movimiento de sus empleados tiene más seriedad y organización que lo apreciable en la generalidad de las oficinas gubernamentales.
Tómese en cuenta, de entrada, que es el ramal del Poder Ejecutivo rector del control y la fiscalización interna de las recaudaciones y la inversión de los recursos públicos. Entre otras funciones, autoriza las órdenes de pago, a veces millonarias, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, debiendo estar atenta a la protección de los bienes, fondos o recursos públicos.
Se confirma que está trabajando por el libro, como dice el refrán popular, cuando se hurga en su accionar actual, cargado de pasos firmes y positivos que la acerca a lo que verdaderamente es un ente fiscalizador estatal.
Hechos palpables, sin rodeos ni adornos innecesarios, son los siguientes: En estos momentos cuenta con más de 950 auditores agrupados en distintas unidades que desarrollan el programa anual de auditorías desplazándose por las instituciones gubernamentales y practicando revisiones que conllevan de 3 a 4 meses cada una.
Adicional a ese desplazamiento, en la actualidad la CGR tiene debidamente instaladas (in situ podría decirse) alrededor de 275 unidades de Auditoría Interna (UAIS) en igual número de instituciones públicas, siendo la meta alcanzar las 350 en este año. Cuenta con la Escuela Nacional de Control Interno que no solo ofrece capacitación al personal de la Contraloría, sino también al de las direcciones administrativas y financieras (DAF) de cada institución del gobierno central. Por añadidura, muchos de sus servidores participan en diplomados, postgrados y maestrías en universidades nacionales e internacionales.
En los últimos dos años la CGR realizó 206 auditorías, lo cual evidencia intenso tren de trabajo y la proyecta como uno de los organismos más laboriosos, contando ahora con mayor respeto y primando en la conglomerado gubernamental el interés de evitar sus objeciones y, en cambio, de recibir aprobaciones.
Vale la pena advertir que la Contraloría solo es un organismo fiscalizador -cauto y sobrio-, ausente de las discusiones públicas, que cuando hace auditorías y detecta irregularidades graves, las acusaciones legales que correspondan son competencia de otros estamentos, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Por: José Pimentel Muñoz
josepimentelmunoz@hotmail.com