En el Presupuesto General del Estado para este año se consignan exenciones y exoneraciones por 201 mil millones de pesos, equivalente al 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y a la mitad del valor total de los ingresos tributarios, que suman el 14% del PIB.

Es difícil de entender que el Gobierno soporte un nivel tan alto de gasto tributario, a pesar de que debe afrontar un déficit real del 4% en el ejercicio del Presupuesto, lo que se traduce en incremento de la deuda pública.

En exoneración de tasas e impuestos a hidrocarburos, el Estado deja de percibir 28 mil 182 millones de pesos, cifra mayor que la partida que se consigna a Salud Pública para compra de equipos, medicinas e insumos. ¿Es eso posible?

Se ha dicho que se trasiega gran parte del combustible que se exonera al sector privado, incluido empresas del transporte de pasajeros y carga, por lo que los beneficios de ese sacrificio fiscal nunca llegan a los consumidores.

En la aplicación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis) se consignan exoneraciones por valor de 96 mil 226 millones, equivalente al 3.2% del PIB.

En impuestos y tasas al patrimonio se exoneran 25 mil millones de pesos, en arancel 18 mil y en otros renglones más de diez mil millones, sin que se explique o se demuestre el efecto tangible de beneficio a la economía que tienen esos regalos.

Resultaría muy difícil explicar por qué personas físicas y jurídicas disfrutan de la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por valor de 25 mil millones de pesos, sin que al menos se demuestre que ese privilegio reporta algo positivo al bien común.

¿Por qué un sector de la industria y los servicios padece de una excesiva carga del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), mientras otros disfrutan exenciones por más de diez mil millones de pesos? ¿Dónde está el principio de igualdad y competitividad? Es menester reflexionar sobre esos contrasentidos.