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Ya el gobierno ha explicado cómo el Estado ha estado arrastrando, durante muchos años, una situación de déficits fiscales y un aumento del endeudamiento público, que se ha ido revirtiendo a pesar de las factores externos e imprevisibles que se ha tenido que enfrentar como son la crisis internacional a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y los rezagos económicos dejados por la covid-19.

A esto se agrega, los compromisos de priorizar los recursos financieros en la inversión social y el fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, una situación que deja al Estado sin apenas recursos para afrontar las inversiones de capital requeridas para desarrollar una nueva terminal del AILA, servir a un mayor flujo de visitantes y desarrollar las demás infraestructuras en los aeropuertos concesionados.

Ha sido una renovación de contrato tan sólida que los principales actores del mundo económico y empresarial nacional han saludado este paso y ponderado bien sus beneficios. La generación de inversiones es un factor clave para el aumento de empleos, la dinámica económica y el desarrollo general.
La condición fue dar cumplimiento a las obligaciones esenciales de ejecución de las obras de construcción y remodelación de los aeropuertos en la forma, plazos y proyectos definitivos aprobados por las partes. Esto implica garantizar la adecuación y remozamiento de los aeropuertos concesionados, incluyendo la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez (AILA).

Aunque era de máximo valor para el país el inicio de inversiones a menor tiempo posible para satisfacer el proyectado tráfico de pasajeros, se hacía difícil llevar a cabo una licitación internacional en tiempo oportuno estando aún vigente el actual contrato original con Aerodom. Una licitación cargaría con el peso de las compensaciones económicas que generaría una terminación anticipada, el respeto a la preservación de los derechos adquiridos y la seguridad jurídica resultante del Contrato de Concesión Original.

Frente a este dilema es que se abre el camino a la renovación y reforma del contrato original. No había otra salida que adjudicar una nueva concesión para la construcción e inversión en obras necesarias, para implementar infraestructuras que ya están siendo explotadas por el actual concesionario sin que el Estado incumpliese sus obligaciones contractuales.

Además, de no decidirse por la renovación y reforma contractual tendría que esperar hasta el vencimiento del contrato original para poder efectuar las inversiones y construir las obras, lo que implicaría serios tropiezos a los planes de satisfacer la enorme demanda de un turismo imparable.

Por: Juan José de la Llera
jjdelallera@gmail.com