A raíz de la parálisis económica creada por la pandemia del coronavirus empresarios del transporte han tocado el caso de la ley 253-12, que establece un impuesto de dos pesos a la gasolina y el gasoil premium para la reparación y mantenimiento de la red vial y para la renovación del parque vehicular de carga y pasajeros.

Desde la aplicación de la legislación a la fecha se han recaudado 64 mil millones de pesos, de los cuales, según los transportistas Antonio Marte y Mario Díaz, el 75%, que equivale a cerca de 48 mil millones, ha ido utilizado por el Ministerio de Obras Públicas.

Pero a falta de explicaciones el destino de los restantes 16 mil millones de pesos son un misterio. Marte, de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), y Díaz, de la Federación Nacional del Transporte Social Cristiano (Fenatransc), reclaman que los recursos se utilicen para auxiliar a los conductores afectados por la crisis del coronavirus. Con los conflictos que han rodeado el destino de los fondos se impone una explicación.

Ante las presiones el Ministerio de Economía dijo que los fondos estaban en una cuenta pignorada tutelada por el Ministerio de la Presidencia.

Los transportistas recordaron que en 2018 el Tribunal Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) cumplir con la ley en lo relativo al diseño y regulación del programa de renovación vehicular del transporte de pasajeros. Ahora que los transportistas han tocado el caso esa aclaración se hace más necesaria.