Aunque antes me he referido al tema de la corrupción, debo corregir que los depredadores de las arcas públicas no requieren linaje pirata: aquí no se trata de Drake ni de Morgan, sino de políticos locales que, sin disparar un cañón ni perder un ojo, saquean con eficiencia digna de filibusteros del siglo XXI.

Esas alimañas son expertas en sobrevaluaciones, contratos amañados y obras fantasmas que hoy siguen bajo sospecha respecto al caso Tucanos, a las denuncias sobre la Sun Land y el escándalo de OISOE.

Hay que incluir los fondos evaporados en programas sociales como el Plan Renove que aún duelen en la memoria colectiva. Sin embargo, en vez de rendir cuentas, se alega “campaña mediática” para el encubrimiento.

Y no es solo historia. En la gestión actual, los expedientes por corrupción contra figuras del PLD y del PRM avanzan a paso de tortuga. Ahí están las investigaciones del caso Medusa, ex procuradores y otros escándalos.

Pero, además, está el caso Antipulpo, que destapó redes de poder alrededor de la familia presidencial pasada; o el caso Calamar, con millones en sobornos y desfalcos electorales, conocidos por todos.

En tanto, muchos de los implicados se mantienen en posiciones de privilegio, blindados por pactos políticos, abogados influyentes y jueces complacientes. El pueblo ve con desazón cómo se repite la farsa con el caso Senasa.

Ya nos hemos acostumbrado a expedientes que se abren con ruido mediático y se archivan en silencio, dejando la sensación de que en República Dominicana la justicia siempre llega tarde… o nunca llega.

Estamos secuestrados por corsarios modernos. La tormenta arrecia: impunidad, cinismo y saqueo a babor. Y no es retórica: ¿Seguiremos tolerando esta simulación de justicia mientras el país se hunde?