Orlando Jorge Mera orlandojorgemera@yahoo.com
A principios de abril, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y aliados, Luis Abinader, calificó como un “crimen” los sobreprecios con los que el gobierno estaba adquiriendo medicamentos e insumos de protección sanitaria, a raíz de la crisis por el covid-19, y por el cual, el gobierno pidió autorización al Congreso para establecer un período extraordinario de estado de emergencia.
Aunque muchos pensarán que un estado de emergencia es sinónimo de cheque en blanco, dado que permite compras con procesos simplificados, el PRM de inmediato denunció prácticas, a todas luces corruptas, de inflar los precios de ciertos productos, hasta cuatro veces su valor original; un abuso colosal para la envergadura de la crisis que nos aqueja y por la cual pagamos todos los dominicanos con nuestros impuestos.
Esta práctica, normalizada en los gobiernos del PLD, fue una voz de alarma a nivel local e internacional, lo cual fue graficado por Transparencia Internacional, organización que año tras año coloca a la República Dominicana entre los países más corruptos del mundo, y que muy a pesar de discursos y “buenas” intenciones, no logra salir del fango de la malversación de fondos públicos.
Transparencia Internacional ha elevado la máxima de “transparencia e integridad salvan vidas”, en razón de que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sido vista por algunos enquistados en el poder, como una luz verde para dar rienda suelta a sus caprichos particulares de enriquecimiento ilícito, elevando el precio de los productos, licitando con empresas ajenas al rubro sanitario, y luego justificando dicha maniobra bajo el absurdo argumento de que en tiempos críticos los precios nunca son los mismos, como hizo errónea y sorprendentemente el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.
No solamente es el caso de las denuncias de corrupción en el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) ,sino que, tomando como base lo planteado por el Decreto No.133-20 sobre excepciones de compras gubernamentales en tiempos de estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, han avalado compras, en horas, en un mismo día, con suplidores de vínculos muy conocidos con funcionarios del PLD, gastando cientos de millones de pesos, para adquirir equipos de protección personal para la pandemia del Coronavirus. Todo, en procedimientos oscuros, a cuenta de los recursos del Estado.
En el PRM, no bajaremos los brazos ante el abuso de poder y la ineptitud reflejada en el manejo de la peor crisis sanitaria de este siglo. Apelar a la transparencia, la ética y la integridad, todos pilares que son enemigos de los intereses del PLD, salvará muchas vidas.

