Las juezas recusadas Tania Yunes y Jisell Narango, en los extremos, arriba.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional está compelida a ratificar antes del 11 de este mes a dos de las tres juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el caso Odebrecht, o de lo contrario el proceso tendría que ser anulado e iniciarlo desde cero.
Esto así, porque en caso de que la Corte acoja la recusación del Ministerio Público y designe dos jueces sustitutos, estos serían desconocedores de todo lo que se ha conocido hasta el momento de la suspensión, lo que motivaría al tribunal a tener que anular el caso y conocerlo desde el principio.
También, el Código Procesal Penal en sus artículos 315 y 317 establece un plazo de 10 días máximo para la suspensión del proceso, tiempo que se vence el 11 de este mes, fecha para la cual el tribunal fijó audiencia para la continuación del conocimiento del caso.
El artículo 315 de dicho código dice de manera textual que: “El debate se realiza de manera continua en un solo día. En los casos en que ello no es posible, el debate continúa durante los días consecutivos que haya menester hasta su conclusión. Puede suspenderse en única oportunidad por un plazo máximo de diez días…”
Mientras que el 317 señala que: “Si los debates no se reanudan a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y como no iniciado, por lo que deben realizarse todos los actos desde el principio”.
Partiendo de todo esto, la Corte de Apelación del Distrito Nacional está compelida a rechazar la recusación hecha por el Ministerio Público contra las juezas Tania Yunes y Jisell Narango, o de lo contrario, el caso tendría que ser anulado e iniciado de nuevo de cero, con los dos jueces sustitutos que sean designados.
Por demás, el Código Procesal Penal le concede a la Corte de Apelación un plazo de 3 días para conocer los casos de recusación hechos contra los jueces. Dicho plazo, en este caso, vence este jueves 4 de marzo.
La recusación contra las citadas magistradas fue hecha el pasado lunes por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho
El Ministerio Público pidió a la presidenta del tribunal, Gisell Méndez, quien no fue recusada por el ente acusador, que ella decida sobre la recusación presentada en contra de las dos magistradas.
Las magistradas Yunes y Naranjo rechazaron el criterio para la recusación, alegando que en sus decisiones han fallado a favor del Ministerio Público y en favor de las defensas de los imputados.
Mientras que la presidenta del tribunal consideró que no podía decidir sobre dicha recusación, ya que es una decisión que le corresponde a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por lo que envió ese caso por ante la Corte de Apelación.
