A finales del año pasado, la primera ministra de Trinidad y Tobago, que también ocupaba la presidencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), reclamó del presidente Danilo Medina “devolver inmediatamente la nacionalidad dominicana a aquellos a los que se las quitó.”

Con tan irrespetuoso pedido, la ministra Kamla Persad Bissessar no pudo siquiera reparar que en República Dominicana existe el régimen de separación de poderes, y que la sentencia a que se refería fue emitida por el Tribunal Constitucional.

Tampoco entendió que esa instancia dispuso regularizar la situación de hijos de indocumentados afectados por ese fallo, incluido el reconocimiento de la nacionalidad a todos aquellos que adquirieron de buena fe sus documentos de identidad.

Casi un año después de la desafortunada carta enviada al presidente Medina por la primera ministra de Trinidad y Tobago, las agencias internacionales difunden la noticia de que las autoridades de ese país anuncian que deportarán a 110 mil indocumentados, la mayoría haitianos.

En República Dominicana, el Gobierno invierte más de mil millones de pesos para regularizar la situación migratoria de 458 mil 233 inmigrantes haitianos, conforme al más reciente censo de población y familia, según el cual 65 mil 767 hijos de haitianos nacieron en territorio nacional.

Es decir que aquí se invierte dinero público para que la diáspora haitiana y sus descendientes obtengan residencia legal y procuren su naturalización, mientras que en Trinidad y Tobago los persiguen junto a otros extranjeros casa por casa.

El Gobierno de Haití requirió la presencia de su embajador en las Bahamas como señal de disgusto por las deportaciones masivas de sus conciudadanos indocumentados. Aquí la ley prohíbe deportarlos hasta que concluya el programa de regularización migratoria.

Verdugos de la reputación del gentilicio dominicano son los que persiguen en su territorio a haitianos indocumentados, los interceptan y dejan a la deriva en frágiles embarcaciones, mientras que aquí se invierte el 25 por ciento del Presupuesto de Salud Pública para atender a parturientas de ese país. Cosas veredes, amigo Sancho.