Por: Ernesto Guerrero
(guerrerocamiloe@gmail.com).-
La venta de equipos sanitarios defectuosos, medicinas adulteradas y licitaciones públicas amañadas, se viralizan durante los periodos de emergencia sanitaria. En los países donde este fenómeno es endémico, no deja de ser penoso advertir que la corrupción y el crimen organizado, no se detienen ni siquiera ante la mayor amenaza a la salud pública global en este siglo.
Las medidas de emergencia propuestas, demandaban mecanismos de contratación y compras ágiles para evitar retrasos y burocracia. Desafortunadamente, las compras directas se convirtieron en la vía más utilizada para cometer actos ilícitos.
Decenas de millones de dólares destinados para mitigar la pandemia, probablemente terminaron en los bolsillos de políticos, sus familiares y colaboradores cercanos.
Por décadas, los servicios de atención médica recibieron millones de dólares que se dilapidaron en obras a medio hacer o se fugaron en sobrecostos, desfalcos, licitaciones arregladas, desvíos de fondos, entre muchas prácticas.
Las desacertadas intervenciones de la OISOE en los establecimientos hospitalarios se volvieron una forma habitual como los políticos buscaban respaldos para sus gestiones.
La ausencia de controles estrictos de transparencia y la indignante impunidad, fue propicio para que algunos se aventuraran a infringir las leyes y normas.
Previo a las elecciones, escuchamos al presidente insinuar que el encierro forzado favorecía al candidato del gobierno; ahora, nos enteramos que su hermano se convirtió en el principal suplidor de equipos y materiales, a través de inciertas prácticas de comercio.
Afortunadamente, tenemos un nuevo gobierno, que alcanza el poder por el deseo del pueblo a que se haga justicia ante la corrupción e impunidad que se nos acostumbró.
Es irritante ver gente común que hacen ostentación de riquezas que no pueden justificar.
Esperamos que la independencia de los miembros de la Procuraduría, nos garantiza que se perseguirán los corruptos del actual y anteriores gobiernos.

