Crasa injusticia

 El Código Tributario establece que el Impuesto Sobre la Renta aplicado al sa­lario mensual debe ajustarse cada año conforme a la inflación publicada por el Banco Central, lo que significa que se indexa anualmente para preservar su poder adquisitivo, pero esa ley no se cumple desde 2017, cuando se congeló el sueldo exento del ISR en 34,685 pe­sos mensuales.

Conforme a esa ley, los tramos o rango de ingresos salariales que requerirían indexación abarcarían hasta los 50 mil pesos mensuales, lo que acercaría a mi­les de trabajadores y empleados al um­bral de la exoneración del ISR, tal y co­mo lo establece el estatuto tributario, que es una ley orgánica.

El presidente Luis Abinader reconoce que la indexación salarial “es una medi­da justa y necesaria”, pero advierte que su aplicación restaría recursos a secto­res como Educación y Salud, lo que no sería deseable, pero tampoco que el sa­lario real pierda poder adquisitivo o que los trabajadores paguen más impuestos.

A contrapelo de lo que establece el Có­digo Tributario, en la ley de Presupues­to General del Estado se instituye que el tramo mínimo salarial exento del ISR es de 34,685, sin tomar en cuenta que cada año el Índice General de Precios (IGP) re­duce la capacidad del salario real de adqui­rir bienes y servicios.

Se ha dicho que si el ISR se aplica sólo a salarios hasta 50,000 pesos mensuales, el Estado dejaría de percibir unos RD$18 mil millones al año, que los diseñadores del Presupuesto General consideran una su­ma respetable, que restaría el monto de las asignaciones a áreas esenciales como Edu­cación y Salud.

Se requiere que el Gobierno procure un punto intermedio entre lo que señala el exministro de Hacienda, Jochy Vicente, de que ya República Dominicana “ha sido particularmente generosa” con el salario mínimo exento del ISR, o la advertencia del senador Omar Fernández, de que no indexar los salarios reduce la calidad de vi­da de 300 mil trabajadores.

El presidente Abinader ha dicho que las autoridades estudian aplicar la indexación salarial “de la forma más equilibrada posi­ble”, sin comprometer los presupuestos de áreas sensibles, aunque debería admi­tirse que más de cinco de los ocho años de incumplimiento de la ley, corresponden a la actual gestión de gobierno.

Los 18 mil millones de pesos que se dice re­cibe la administración tributaria por no in­dexar los salarios hasta 50 mil pesos men­suales, no deberían salir en su totalidad de las costillas de los empleados y trabajado­res incluidos en ese nivel salarial. Diga lo que se diga, se viola la ley y se incurre en crasa injusticia.