El vencimiento de los plazos se ha convertido en una rutina por parte de los fiscales para presentar ante un juez a un imputado en las 48 horas establecidas por la Constitución de la República, así como las pruebas y depósito de acusación, tanto que en ocasiones han tenido que ser emplazados por los tribunales. Anoche mismo, el mayor de la Policía Ruddy José Japa Alvarez fue liberado por vencimiento de plazo, está vinculado por los investigadores al robo y venta de droga junto a los fiscales Máximo Antonio Díaz y Ramón augusto Veras Castro , y el director de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), coronel Carlos Fernández Valerio.

La jueza Wendy Martínez dispuso la libertad pura y simple de Japa Alvarez, porque los fiscales dejaron “vencer el plazo”, de las 48 horas de presentación del imputado.

La magistrada sostiene además que no existen pruebas que vinculen en el hecho al mayor Japa Alvarez. De acuerdo a conocedores de la materia esta medida pudo ser adoptada por los propios fiscales y no presentarlo a la jueza.

Ese vencimiento de plazo ha contribuido a que personas vinculadas al narcotráfico, robo, asesinato, atraco, homicidio y robo a mano armada, hayan obtenido su libertad pura y simple. Lo que llama la atención es la aparente forma deliberada como los fiscales manejan los casos.

En la mayoría de los casos, los fiscales responsabilizan a los jueces de la puesta en libertad de los imputados, sin reconocer falta cometida de dejar “vencer los plazos”.

En instrucción, juicios de fondo en primera instancia, en la Corte y hasta en la Suprema Corte de Justicia varios casos han perimido porque se vencieron los plazos.

El vencimiento de plazo ha llamado tanto la atención que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, tuvo que advertir mediante el memorándum 80/2012, que serían sancionados y hasta destituidos los fiscales que dejen vencer los plazos.

Lejos de cumplir con lo establecido por la Constitución de la República de presentar a un imputado ante un juez en el plazo de las 48 horas después de su detención, la mayoría de los fiscales optan por depositar el expediente vía secretaría, por ante el Juez de la Oficina de Atención Permanente, sin llevar la persona ante el juez.

Un sonado caso que perimió en los tribunales por el vencimiento de plazo fue el de Bahía de las Aguilas. En sentencia emitida el 4 de julio de 2013, la jueza Giselle Méndez declaró la extinción de la acción penal iniciada en contra del exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán.

La magistrada verificó que había transcurrido el plazo máximo de duración del proceso previsto por el legislador sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto, y sin que se advierta la concurrencia de dilaciones indebidas atribuidas a la actividad procesal desplegada por los imputados.

En esa sentencia la jueza expuso que de nada sirve que la Constitución proclame y reconozca unos derechos fundamentales si no establece garantías a través de las cuales se harán efectivos estos derechos. De ahí que el problema principal de los derechos fundamentales no es tanto su consagración expresa a nivel constitucional, sino el de sus garantías.

“El hecho de que la Constitución de la República otorga al Ministerio Público la dirección funcional de la investigación y de control de la Policía Judicial obliga a los fiscales frente a la ciudadanía y frente a los tribunales a asumir un rol protagónico”, precisa en el memorándum.

En esa ocasión la fiscal Reynoso removió a varios fiscales adjuntos por dejar vencer plazos de las investigaciones.

“Las extinciones por vencimiento del plazo de la investigación, sin presentar acto conclusivo, constituyen una falta grave que conlleva la destitución”.