Pocos acontecimientos nacionales han alcanzado connotación tan trágica como el ocurrido con la anulación de las recientes elecciones municipales a escasas horas de iniciarse. Múltiples, graves todas, las lecturas derivadas de eso.

Una indudable: Tan magno acontecimiento, resulta inconcebible sin responsabilidad en su concepción, planificación y ejecución, del máximo estamento estatal. De no ser así, quien lo dirija debe abdicar porque su seguridad permite que en sus narices manipulen algo trascendente para el destino democrático.
En esa responsabilidad, bajo ningún subterfugio queda indemne la JCE, entidad que debe garantizar la integridad de los comicios en todas sus facetas, desde antes de la cita mayor, durante el desarrollo del proceso y en la decisiva del escrutinio de votos, tantas veces trastocada.

Ese organismo ha dado muestras de ineptitud -no por carencia de talento de sus integrantes, en cada uno de esos momentos, siendo indiferente adrede ante un clima de competencia inequitativo; cobarde por complicidad para poner límites a la arrogancia del poder y desdeñosa consciente ante reclamos que intentaban evitar lo predecible y siguió adelante sin sospechar que la hecatombe arrasaría prestigios.

Consumado el crimen de lesa patria, queda empujar para aplicar las correspondientes consecuencias, el castigo condigno que, desde mi óptica, debe encaminarse en dos direcciones:

Primero, identificar autores intelectuales y materiales para que sobre ellos recaiga el más severo escarnio público, que sólo sería posible con una investigación independiente. Segundo, si bien es cierto que abocarnos a integrar nueva JCE adicionaría otro problema, no menos cierto es que sus integrantes se han descalificado para continuar ejerciendo labores en las que han fracasado de forma estrepitosa y lastimosa.

En el sentido anterior, la presión ciudadana debe manifestarse para que los miembros de la JCE presenten irrevocable e inmediata renuncia con efectividad al día siguiente de proclamarse el nuevo presidente.

En su dimisión, deberán expresar su anuencia para dejarse acompañar hasta su salida definitiva de un equipo técnico-político seleccionado por actores del sistema, cuidando de que en su composición prime la eficiencia, por encima de la subjetiva notabilidad asignada a tantos no siempre de forma merecida.

Actuar en esa dirección es la convocatoria mínima que el deber moral y sentido de la dignidad y el decoro debe formular a personas que, compelidas a asumir el compromiso de arbitrar la competencia estelar de la patria, propiciaron una estocada mortal que pesará para siempre como baldón ineludible sobre historias merecedoras de diferente final.