La gran mayoría de sociedades latinoamericanas se han desestabilizado, y su acelerado proceso de empobrecimiento, desconfianza, incertidumbre e inseguridad en el futuro inmediato, generan impactantes flujos migratorios hacia Estados Unidos como destino final. Afectado por esa profunda realidad, el gobierno de Joe Biden ha puesto en ejecución programas que impiden el trasiego de seres humanos a través de su frontera.

En el llamado Triángulo Norte, zona conformada por Honduras, El Salvador y Guatemala, USA ha invertido alrededor de 4,200 millones de dólares, como forma de cortar la mudanza social que se desplaza hacia su territorio. Pero resulta que mientras más hay inversión, se genera mayor preocupación en la Casa Blanca, que no da tregua con su política antiinmigrante.

En ese contexto, Centroamérica es «manzana de discordia», pues el subcontinente es ruta expedita que conecta con el llamado «American Dream». La carga se hace insostenible, y esa parece haber sido la causante que llevó al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a firmar el decreto ejecutivo que declara de «emergencia nacional» la crisis migratoria por la que atraviesa ese país.

El gobierno tico argumenta que ya la cifra de migrantes de paso por su región es alarmante, señalando que más de 3000 personas cruzan diariamente la frontera con Panamá, para seguir su viaje rumbo a los Estados Unidos.

Si a esa cifra agregamos las 248,000 personas que dicen las autoridades panameñas han cruzado por la selva del Darién en su tránsito hacia Norteamérica en lo que va de año, entonces el asunto es para ponerse a «correr en modo pánico».

El 44% que cruza por Panamá, lo hace de Venezuela; el 22% de Haití; el 12% de Ecuador; el 3% de Colombia, y el 2% de India y otros países como Afganistán, Camerún, China y Somalia.