La renuncia del primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, no parece suficiente para superar la grave crisis política que sacude a esa nación, matizada por violentas manifestaciones en reclamo de la dimisión del presidente Michel Martelly, a quien la oposición acusa de pretender gobernar por decreto.

Martelly aceptó las recomendaciones de una comisión de notables para que Lamothe dimitiera a su cargo junto a los titulares de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo Electoral, como fórmula para superar el impasse que ha sumido a esa nación en una situación cercana al caos.

El Gobierno dominicano está compelido a monitorear la crisis haitiana que ya ha causado la renuncia del primer ministro, quien ostentaba la dirección del diálogo binacional sobre migración y comercio que todavía no arroja resultados deseados.

Desde hace tres años, el Gobierno de Martelly ha promovido posposición de elecciones congresuales y municipales a causa de un dilatado enfrentamiento con el Senado y la oposición política en torno a un proyecto de ley electoral.

Las manifestaciones de rechazo al Gobierno son cada vez más intensas y extendidas, por lo que a Martelly se le acorta el tiempo para impulsar una salida negociada que debe incluir la designación cuanto antes de un primer ministro de consenso.

El agravamiento de la crisis política en Haití repercute de manera negativa para los intereses dominicanos porque aumenta la tensión migratoria, disminuye el comercio bilateral y retrasa el diseño y ejecución de urgentes programas de cooperación entre ambas naciones.

Se sabe que los problemas de Haití compete resolverlos a los haitianos, pero la comunidad internacional, que ha hecho poco por ayudarlos a superar sus penurias, está en deber de impulsar el diálogo político entre Gobierno y oposición para evitar que el caos se entronice en la sociedad haitiana.

Al Gobierno dominicano le corresponde monitorear día y noche el curso de los acontecimientos en Haití en el entendido de que un indeseado desbordamiento de la crisis política haitiana afectaría la agenda migratoria, comercial, fronteriza y de seguridad de República Dominicana.