La matriz presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), como propuesta de modificación del Código Laboral, literalmente plantea retrotraer las relaciones obrero patronal a tiempos de la revolución industrial, cuando la acumulación original del capital se sustentaba en la más cruenta explotación del hombre por el hombre.

El sector empleador sugiere aumentar la jornada laboral de 44 a 48 horas, no remunerar la hora de almuerzo, eliminar la asistencia económica por muerte del trabajador, reducir la conquista de la cesantía a un máximo de cuatro salarios, así como libre albedrío para para extender el periodo de trabajo hasta las diez de la noche y durante los fines de semana.

No importa que un empleado haya permanecido en la empresa por más de veinte años, conforme a la propuesta del Conep, cuando el empleado invoque su derecho al desahucio, sólo obtendría como auxilio de cesantía un máximo equivalente a cuatro salarios cotizables, lo que ascendería a 34 mil 580 pesos.

Esa irrisoria suma de dinero sería también lo que recibiría el trabajador en caso de incapacidad laboral o por cierre de la empresa, con la salvedad de que si llega a morirse sus familiares no recibirían ni un solo centavo.

Sin importar que el país es signatario de convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que reglamentan la jornada laboral de horas extras, y trabajo nocturno, el gremio de empleadores plantea que no sea necesario el correspondiente permiso o notificación al Ministerio de Trabajo para disponer que un trabajador labore por encima de las 44 horas semanales.

Como si este fuera un conglomerado de lerdos que no entiende el alcance del principio constitucional de la irretroactividad de la ley, el Conep plantea la buena nueva de que esa cruenta explotación de mano de obra y habilidades laborales solo surtiría efecto para los contratos de trabajo que surjan a partir de esa reforma del Código Laboral.

En vez de plantear cercenar viejas y justas conquistas laborales, el Conep debería promover diálogo tripartito para que Estado y Gobierno impulsen junto al empresariado mejores condiciones laborales y de calidad de vida para los trabajadores y sus familias, sin que se pretenda sustentar el desarrollo empresarial en la explotación inmisericorde de la mano de obra.

Se pretende imponer el criterio de que los empleos solo se amplían o permanecen si se permite que los empleadores coloquen sus pies sobre el cuello de los trabajadores, lo que es incompatible con el anhelado escenario de armonía obrero patronal y justa redistribución de la riqueza que genera la útil e imprescindible alianza entre fuerza laboral y el capital.