El jefe de la Policía ha iniciado diligencias ante la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público a los fines de impedir que acusados por la comisión de crímenes obtengan libertad con facilidad, como han sido los casos de miles de presuntos delincuentes apresados y sometidos que los jueces retornaron a las calles.

A lo que aspira el mayor general Manuel Castro Castillo es a la creación de algo así como una mesa anti crimen, donde actores del sistema judicial, junto a fiscales y policías examinen fórmulas para garantizar sanciones ejemplares a los infractores de la ley penal.

Castro Castillo ha dicho que la mayoría de casi 20 mil personas apresadas y sometidas a los tribunales por la comisión de asesinatos, sicariato, atracos, asaltos y otros crímenes violentos han sido puestos en libertad, lo que dificulta la lucha contra el crimen.

Las diligencias que realiza el jefe policial cuentan con el apoyo del procurador general, Francisco Domínguez Brito, quien proclama que los delincuentes deben estar en las cárceles y no en las calles, por lo que las censuras veladas o no van dirigidas al Poder Judicial por liberar a malhechores.

Lo deseable sería que policías y fiscales recaben siempre sólido fardo probatorio que comprometan la responsabilidad penal de los inculpados, que se cumplan con las formalidades procesales y se elaboren firmes dictámenes. Solo así se podría reclamar que los jueces cumplan con su parte.

Impostergable

República Dominicana está compelida, por vía de su Tribunal Constitucional, a mudar un paso hacia adelante en la consolidación de su régimen de libertades públicas, con la descriminalización de los delitos de difamación contenidos en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento y en el Código Penal.

El pedido de directores de periódicos para que se declare inconstitucional las sanciones de cárcel por el delito de difamación es incongruente con el ordenamiento sustantivo de una nación que se precia de respetar los derechos de los ciudadanos, entre los que figura de forma relevante el referido a la libertad de prensa.

El primer paso en la dirección correcta sería que el TC declare esos artículos en colisión con la Carta Magna para que posteriormente el Congreso de la República legisle en favor de una Ley de Prensa moderna, previsora y garantista.