La derogación de la orden departamental sobre implementación de políticas de género en las escuelas ha sido definida por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) como un retroceso en los avances “hacia una educación inclusiva e igualitaria”, por lo que el ministro de Educación emplazó al gremio a probar si la vigencia de ese estatuto tuvo algún resultado.

Los mismos sectores que promovieron el cumplimiento de la ley que asigna el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, censuran que el Gobierno derogue un reglamento del que se confía que insertaría en la escolaridad el valor cívico referido a la igualdad entre el hombre y la mujer.

Lo primero que debería establecerse es si el currículo educativo actual no promueve el principio constitucional referido a la equidad de género y, por consiguiente la erradicación de las desigualdades y la discriminación, un valor cívico que debería reflejarse en todos los textos de educación básica y secundaria.

El ministro Ángel Hernández ha dicho que la institución educativa cumple con los principios de enseñanza con igualdad de condiciones y sin discriminar entre varones y mujeres, un planteamiento que debería ser refutado con adecuados elementos probatorios por la ADP y sectores académicos.

El magisterio se autoincriminaría si admite que en la escuela pública prevalece la promoción de formas de discriminación de género porque los docentes son los encargados de formar e informar, como también el sector académico debería explicar el planteamiento de que el ordenamiento educativo actual se centra únicamente en la enseñanza de gramática y matemática.

Son muchas las teorías sobre educación y sociedad elaboradas en laboratorios foráneos, que dan volteretas por traspatios del Tercer Mundo con inusitado interés de que sean asimiladas sin ningún reparo o revisión, aunque no sería justo afirmar que la citada ordenanza forma parte de ese paquete.

La ADP y sectores académicos beligerantes aún no se colocan las manos sobre la cabeza, al conocerse que apenas el 28 % de los estudiantes de educación básica lee y comprende un texto simple, como tampoco se discute el tema de la deserción escolar, represada por la prevalencia del desayuno y almuerzo escolar, es decir que al aula se va a saciar el hambre como primera opción.

En vez de perder el tiempo en discusión sobre aplicación de teorías foráneas, autoridades educativas, gremio de profesores y sector académico deberían revisar la aplicación de la ley del 4 %, elaborar textos basados en la promoción del conocimiento, la racionalidad, en valores cívicos como la familia, la cultura, igualdad, inclusión y fervor patriótico.