Valverde. –La jueza Yiberty Polanco Herrán impuso las medidas de presentación periódica e impedimento de salida del país a cuatro doctoras y a la alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, vinculadas al caso de registro ilegal de defunciones en esta provincia.
Las medidas recaen sobre las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como sobre la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, quienes fueron arrestadas el pasado viernes por orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde, luego de que las investigaciones arrojaran evidencias que las relacionan con los delitos de falsificación de documentos y aporte de datos falsos en registros de defunción.
La magistrada adoptó la decisión tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que durante la audiencia presentó elementos que establecen la vinculación de las imputadas al proceso que también involucra a Máximo Mendoza, señalado como principal responsable del esquema y quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.
Según las investigaciones, Mendoza registró varias defunciones falsas ante unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE), con el apoyo de médicos pasantes y sin exequátur. El Ministerio Público ha documentado al menos seis víctimas afectadas entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Cuatro doctoras y una alcaldesa enfrentan medidas por registro ilegal de defunciones en Valverde
De acuerdo con el expediente, el imputado utilizaba esta maniobra para perjudicar a personas con las que sostenía conflictos económicos, declarando sus muertes ficticias como represalia por supuestas deudas. Además, se descubrió que ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000 a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, utilizando como garantía los beneficios sociales que recibían mediante programas estatales de asistencia. Cuando no lograba cobrar, recurría a registrar falsamente el deceso de los deudores en distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo.
El Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE en el desarrollo del caso.
Las medidas de coerción impuestas incluyen la presentación periódica el último viernes de cada mes ante el Ministerio Público y la prohibición de salida del país sin autorización judicial. Asimismo, la jueza otorgó un plazo de 12 meses al órgano acusador para concluir las investigaciones y presentar la acusación formal.
El grupo es procesado por la violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
