El 28 de noviembre el obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, Mons. Santiago Rodríguez, denunció públicamente que, detenida arbitrariamente por personal de la Dirección General de Migración, DGM, una monja católica de nacionalidad nigeriana confundida como haitiana, fue conminada a sostener relaciones sexuales con ellos para liberarla.

La víctima injustamente “racializada” con toda la cadena de presunciones que eso conlleva, horrorizada habría relatado cómo las mujeres detenidas -haitianas- sufrían la misma clase de propuestas, es decir, ser violadas para liberarlas.

Una denuncia reiterada la del abuso con las haitianas indocumentadas o supuestas, arropadas bajo el eufemismo de “extrajeras”, niñas, jóvenes, adultas, viejas, embarazadas, madres separadas de sus hijos/as, etc., que son sexualmente abusadas verbal y físicamente.

Denuncia sin una reacción ni siquiera de disculpa por parte de nadie de los organismos que se encargan de las deportaciones, ni porque es un obispo el denunciante y una monja la agredida. Al igual que ya ha sucedido con denuncias de dominicanos y dominicanas de raza negra que han pasado verdaderos calvarios por ser racializados por agentes que ejercen la fuerza bruta con el permiso de esos organismos.

Demasiado esperar de un sistema aplicado de deportación que acepta la brutalidad, apoya y utiliza el lenguaje del odio, favorece el peor de los negocios fundamentado en el dolor e impotencia de las víctimas, porque a las personas indocumentadas o presuntas, se les roba y extorsiona con el total conocimiento de las autoridades, con la mayor alevosía e impunidad.

Pero con las mujeres, se aplica perfectamente lo que decía Michel Foucault: “el cuerpo y la sexualidad son un campo político sobre el que operan relaciones de poder”, y en ese sentido, es que el cuerpo de las mujeres es el territorio de múltiples violencias.

Y lo terrible es que, el poder de esas agresiones cometidas por agentes que responden a un perfil totalmente diferente al de protección, respeto y humanidad que les corresponde, mandan un mensaje permanente sobre el lugar de subalternidad que ocupamos las mujeres en la sociedad, recordándonos que no tenemos control absoluto sobre nuestros cuerpos, que pueden ser violados aún por quienes están para resguardar.

Desde hace 55 años que vivimos en este país y, desde entonces, extrañada de la falta de una política de relaciones sanas y constructivas transfronterizas entre R. Dominicana y Haití, y siendo testigo de las relaciones solapadas habidas, no nos extraña la situación.
Lo que, si extraña y duele, es la negligencia inmoral mantenida.