Cuando se convierta en costumbre la inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de los jueces, ese día marcaría el inicio del fin del anhelado estado de derecho, porque significa también violación a la Constitución y a las leyes.

Sabiamente, el constituyente y el legislador han puesto en manos de autoridades y ciudadanos las vías jurídicas para recurrir cualquier sentencia o medida cautelar emanada de un juez o corte, antes de que pueda adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.

A ningún ente físico o jurídico le asiste calidad o autoridad para incumplir o desacatar una decisión emanada de los tribunales de la República, no sin antes acatarla por las vías de derecho señaladas en los códigos procesales.

Si alguien tiene evidencia de que un juez incurrió en prevaricación al dictar una sentencia para favorecer o perjudicar o discriminar, lo prudente sería que ese magistrado sea sometido por ante la instancia correspondiente a los fines de que el juzgador sea juzgado, previa presentación del fardo probatorio.

Lo que en ningún modo se debería aceptar como bueno y válido es que algún funcionario público o ciudadano ordinario desacate o violente una decisión judicial, bajo ningún alegato, menos el atribuirse derecho o razón de poder colocarse por encima de la ley.

Blindaje cultural

La sociedad dominicana se ha vuelto muy vulnerable al contagio o adherencia de costumbres foráneas, preocupante señal de la debilidad de poder sostener, exhibir y promover su rico y variado bagaje cultural y de tradiciones.
Culturas mucho más robustas que la nacional imponen modos o formas de convivencias, incluidos hábitos alimenticios y de consumo, formas de vestir, música, bailes y otras tradiciones.
Sin valorar lo positivo o negativo de las celebraciones del “Thanksgiving day” y del “Black friday”, que se celebran hoy y mañana, como tradiciones importadas desde Estados Unidos, los dominicanos deberíamos ir pensando en algún blindaje cultural.