En medio de los aprestos para la cumbre convocada para el miércoles 28 por el presidente Leonel Fernández, el embajador de Estados Unidos, durante su comparecencia al almuerzo del Grupo de Comunicación Corripio, tocó dos aspectos fundamentales sobre la salud institucional de esta nación. El primero está relacionado con la aplicación de la ley que penaliza el fraude eléctrico, y el segundo con el Tratado de Libre Comercio con su país y Centroamérica.

No tanto por las posibles abstenciones políticas, las condiciones de importantes sectores de la sociedad civil y las reservas de otros, sino por señalamientos como el de Robert Fannin la cumbre se torna borrascosa, pues cuando acuerdos internacionales ni leyes concebidas para enfrentar una crisis grave como la eléctrica se aplican no hay garantía de que conversaciones maratónicas tengan otros efectos como no sea distraer a la opinión pública.

Las condiciones del país fueran otras si el Gobierno, como alegó Fannin, fuera más transparente con la aplicación de leyes y resoluciones que acompañaron la aprobación del controversial convenio, que en algunos casos ni siquiera se han tomado en cuenta. Nadie sabe qué ha pasado ni los grupos más representativos han pedido explicaciones.

La cumbre ha debido verse como un triunfo del diálogo en beneficio de una política de desarrollo a largo plazo. Pero las leyes que no se cumplen y las incisivas heridas al sistema institucional ponen en entredicho las intenciones de un encuentro caracterizado de antemano por un marcado acento político.

A falta de una agenda consensuada por todos los sectores, proyectos unilaterales como el de la reforma constitucional restan confianza y validan conjeturas. El hecho mismo de que la pieza presentada al Congreso fuera distinta de la que elaboró una comisión de juristas designada por el propio mandatario cuestiona las intenciones del diálogo.

La ocasión pudiera ser propicia para emplazar al Gobierno a que cumpla con leyes como las que penalizan el fraude eléctrico, la de hidrocarburos, las que tratan sobre el acuerdo de libre comercio con EU y Centroamérica, la de los ayuntamientos, la que consigna el 4% del Presupuesto para educación y muchas otras. Pero se sabe que en esos aspectos no es que radica el interés del encuentro.

En medio de los aprestos también han llovido los reclamos de productores y diferentes entidades agropecuarias sobre cuantiosas deudas y supuestos incumplimientos del Gobierno para fomentar la producción. Y también está el caso de los masivos despidos anunciados por las empresas de zonas francas por alegada falta de competitividad y altos costos operativos.

Por los antecedentes y también por señalamientos como los del embajador estadounidense puede que el Gobierno haya concebido el encuentro como una maniobra enviar un mensaje al presidente entrante Barack Obama. Porque es el camino a la cumbre está tan plagado de las más variadas reservas, condicionamientos e interrogantes que realmente se torna borrascoso.

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