Los procesos migratorios presentan rasgos propios de fenómenos sociales globales que tienen raíces en situaciones de desigualdad y carencia, y se acentúan entre países aledaños de condiciones económicas disímiles.

Este razonamiento es entendible por las autoridades dominicanas y de seguro que por las haitianas, pero hay una realidad insoslayable, y es que el país tiene que regular la presencia de extranjeros en su territorio, estimada por la ONU en cerca de medio millón, en 2012.

De manera que vencido el plazo de vigencia del Plan de Regularización de Extranjeros en situación Migratoria Irregular, el Gobierno debe cumplir con el ordenamiento jurídico y el mandato de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, aunque actuando con prudencia y respeto a los derechos fundamentales de los indocumentados.

Es lógico que la desesperación se apodere de los miles de extranjeros, la mayoría haitianos, que por cualquier razón no se hayan inscrito durante el período que vence el próximo día 17. Sólo el 50% de los más de 500 mil que viven en el país en condiciones de indocumentados ha depositado algún tipo de documento en los centros de empadronamiento.

Pero también hay que reconocer que República Dominicana es un país pobre, que por mejores que sean sus intenciones no puede cargar con la miseria de los más de 10 millones de habitantes de la vecina nación.

De ahí que en varios foros internacionales, tanto el presidente Danilo Medina como el canciller Andrés Navarro, han implorado, más que reclamado, a la comunidad internacional ser más diligentes y ayudar al Gobierno haitiano a documentar a sus ciudadanos, de modo que estos pudieran aprovechar los beneficios que otorga el Plan de Regularización.

Al decir de los mismos haitianos, sólo el 5% de ellos ha recibido acta de nacimiento, pasaporte o cualquier otro documento de identidad de las autoridades de su país, lo que deja entrever que desde Haití han sido más que negligentes en este caso.

Ahora el Gobierno está compelido a cumplir con el mandato de las leyes, y concluidos los plazos, tanto del empadronamiento como de la revisión de documentos, proceder a la repatriación de los extranjeros que se encuentren aquí de manera indocumentada, tal y como hacen todas las naciones del mundo.